El primer post del 2014 en El Baldío lo escribe JM de
Artepolítica
Por
JM, el 20 de enero de 2014.
1.- Introducción
Han pasado más de diez años del inicio del kirchnerismo. Han sido
diez años de crecimiento económico, reducción de la desocupación,
incremento de los salarios reales, generalización de las jubilaciones y
pensiones, subsidios a la niñez y juventud, nacionalización de empresas y
servicios importantes, reparaciones de derechos, castigo a los
culpables de crímenes de lesa humanidad, derechos a las minorías, visión
latinoamericanista, entre otros tantos logros. Una casi ininterrumpida
marcha hacia adelante, profundizando ese proyecto. Lo que nació como la
decisión de favorecer una alternativa política no menemista terminó por
adquirir una identidad propia, y hoy el kirchnerismo es el heredero de
las mejores tradiciones del peronismo y de las luchas democráticas y
populares.
Lo que nos interesa puntualizar ahora son las tensiones o dilemas a
que se enfrenta el Gobierno Nacional de Cristina. Los dilemas son el
resultado del desacomodo de ciertas variables importantes que han puesto
en una situación más estrecha a un gobierno que por muchos años sólo
supo de avances.
Ahora esa casi continua marcha ascendente se encuentra con mayores
limitaciones. El conflicto con los terratenientes rurales en 2008
significó un retroceso, que luego se plasmó en la pobre elección de
medio término de 2009. Hubo recuperación de la iniciativa, audacia en
las decisiones, revitalización de la militancia juvenil tras la muerte
de Néstor Kirchner y otras medidas que permitieron la reelección de
Cristina en 2011 con el 54 % de los votos. Sin embargo, un conjunto de
medidas que tomó Cristina tras haber ganado las elecciones de 2011 le
enajenó el apoyo de algunos sectores sociales y ello ha desembocado en
la también pobre elección de medio término de Octubre de 2013. Algunas
eran inevitables, como las que impidieron la compra de dólares para
atesoramiento, otras no tanto. Las analizaremos.
2.- La alianza de clases en que se basa el Gobierno Nacional
Nos interesa analizar la relación entre las medidas políticas y
económicas tomadas y el alejamiento de sectores sociales entre la
elección de 2011 y la de 2013, para ver qué se puede hacer hacia el
futuro para concluir con éxito el período de Cristina (2015) y lograr la
continuidad del proyecto político iniciado en 2003.
En términos de apoyo social, la diferencia entre el 54 % de Cristina
en 2011 y el 33 % de las legislativas de 2013, está concentrada en el
alejamiento de dos sectores sociales diferenciados: una parte de la
clase trabajadora y gran parte de aquella fracción de las clases medias
que habían apoyado en 2011. La fracción mayoritaria de las clases
medias, así como la casi totalidad de la clase media alta y la clase
alta, estuvieron siempre en contra del proyecto kirchnerista, y se
expresaron políticamente en el radicalismo, el socialismo de Binner y
compañía, el PRO, distintas expresiones peronistas y algunos partidos
provinciales.
El alejamiento de parte de la clase trabajadora, en especial de una
fracción de los obreros industriales sindicalizados, se debe básicamente
a la ruptura de la alianza entre el kirchnerismo y el sindicalismo
liderado por Hugo Moyano. No se trata de un tema menor ni
circunstancial. Fue una decisión política que dijimos en su momento iba a
traer cola y la trajo, con resultados negativos tanto en la esfera
electoral como en los acuerdos sociales que fueron la base del armado
político desde 2003.
No nos cabe la duda que la fracción moyanista de la CGT tiene
intereses propios más allá de la representación sindical de sus
asociados, y que esos intereses distan de ser santos, pero de allí a la
ruptura hay una distancia importante que debería haberse evitado. La
aspiración de Hugo Moyano a ser precandidato a presidente de la
república era y es legítima. Por qué un obrero no puede aspirar a ser
presidente del país? Lula en Brasil tuvo los quilates políticos como
para conducir una coalición que fue creciendo, y luego de ser derrotado
varias veces, llegó a la presidencia del país hermano.
Hubiese sido preferible que Hugo Moyano hiciese el recorrido, nuestra
opinión es que no hubiese triunfado en las primarias porque no tiene
las mismas cualidades que tenía Lula para liderar una alianza que es
mucho más que el apoyo sindical.
La oposición de Cristina a que Moyano sea precandidato a presidente
no debería analizarse desde el punto de vista “moral”, criticando al
sindicalista por los “negocios non sanctos” (obras sociales,
medicamentos, empresas de recolección de residuos, etc.). Si así fuese
habría que analizar los quilates morales de todo el espectro de apoyo al
kirchnerismo, desde la CGT oficial de Caló y la CTA de Yasky y sus
maestros, los distintos gobernadores e intendentes, y así de seguido. El
que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Más aún, cuando se
pierde un apoyo sindical, el centro de apoyo de un gobierno
necesariamente se termina recostando en algún otro sector diferente, o
peor, en menos sectores sociales populares.
Esa ruptura fue deliberadamente acelerada por Cristina. La
consecuencia fue la imposibilidad de hacer acuerdos tripartitos
(gobierno, empresarios, sindicalistas) que morigerasen los aumentos de
precios y salarios, exacerbando la puja distributiva y el nivel de la
inflación, para peor mentida por el Indec. En esa disputa, Moyano fue al
frente de las reivindicaciones laborales por la reducción (él pedía de
máxima la eliminación) del impuesto a las Ganancias a los trabajadores
registrados y la universalización del salario familiar. Las
reivindicaciones eran justas (aunque excesivas, pero eso era parte de la
negociación irrenunciable para un sindicalista que se precie de tal).
Años atrás, en 2009 había morigerado sus reclamos, y en 2011 combinó
elevados reclamos salariales con apoyo político a Cristina en las urnas.
En 2013, con la previa ruptura de Moyano, una fracción minoritaria
pero no despreciable de la clase obrera dejó de votar al Frente para la
Victoria. En el caso de la Provincia de Buenos Aires ese desencanto con
el FPV no se expresó en el voto a la lista en donde estaba Moyano (la de
Francisco de Narváez) sino en el voto al Frente Renovador de Sergio
Massa. La ecuación era sencilla: Moyano no atrae votos, ni siquiera de
los gremios que lo apoyan, pero su oposición alcanza para alejar a parte
de los trabajadores del kirchnerismo y dejarse seducir por la
propaganda sibilina de un político oportunista, proveniente de la UCEDE e
incrustado en el PJ bonaerense como es Sergio Massa.
Si esa sangría fue una herida autoinfligida por un error de
apreciación del gobierno nacional, el alejamiento de parte importante de
la fracción de las clases medias que había votado a Cristina en 2011 se
debió a medidas en el plano económico, medidas inevitables aunque muy
mal explicadas en su momento.
3.- La inflación, sus causas reales y sus consecuencias políticas
Desde hacía algunos años la inflación, del orden del 20 % al 25 %
anual, y el atraso cambiario (menor devaluación que la inflación real)
redoblaron la apetencia de las clases medias y altas para ahorrar en
dólares en vez de en pesos. La inflación es en nuestro país, la
consecuencia no deseada de la política de incremento de los salarios
reales en que se embarcaron los distintos gobiernos K. En la puja de
precios y salarios, hasta ahora – medidos inclusive con índices
sobrevaulados como los del Congreso Opositor – indica persistentes
incremento de los salarios reales. Esa mejora es evidente en las
condiciones de vida de la mayoría de los asalariados, y se exterioriza
en las ventas de automóviles, motos, electrodomésticos, celulares,
refacción del hogar, comidas en restaurantes, vacaciones interiores y
exteriores, ventas en supermercados y comercios de todas las categorías
sociales.
Sin embargo, la consecuencia no deseada de ese incremento de salarios
reales para la mayoría (no para todos) los asalariados, ha sido el
mantenimiento de una alta inflación, con sus efectos deletéreos sobre un
conjunto de actividades económicas. Si bien la mayoría de los
trabajadores formales vio incrementados sus salarios reales, ello no fue
así en los empleados estatales y fracciones importantes de los
asalariados informales.
La inflación que es resultado de la puja distributiva, como ahora en
Argentina, no tiene nada que ver con aquella que se produce como
consecuencia de un desbalance pronunciado en las cuentas públicas
(déficit fiscal) como el que precedió a la hiperinflación de Raúl
Alfonsín (1989) y Carlos Menem (1990). El déficit fiscal actual es menor
al límite que imponen los europeos por el tratado de Maastrich (3
%sobre el PBI) que ninguno de ellos cumple y sin embargo tienen
inflaciones menores al 4 % anual. La cantinela de la ortodoxia económica
sobre el déficit y la emisión monetaria como causantes de la inflación
está totalmente equivocada. Tampoco adherimos a la simplificada tesis
heterodoxa sobre el poder de los oligopolios para fijar precios como
causante principal de la inflación. Esta es una explicación válida pero
insuficiente. Al poder de fuego de los empresarios para remarcar, y
cuanto más oligopolios más capacidad, se le debe añadir la formidable
capacidad reivindicativa que tiene la estructura sindical argentina, una
de las más poderosas de Latino América y quizá del mundo. La puja es
eso, la lucha entre dos sectores sociales con alto poder de negociación y
regateo. Si no se explicita el poder sindical no habría cómo explicar
que los salarios nominales le ganan en general a los incrementos de
precios produciendo el incremento de salarios reales. O “siempre ganan
los monopolios” o “hay aumentos de salarios reales”, no se puede afirmar
las dos cosas al mismo tiempo, aunque algunos kirchneristas que siguen
las explicaciones de malos economistas heterodoxos lo hagan.
En lo que queremos concentrarnos es en los efectos indeseados de la
inflación actual, al margen de las distintas causas que le atribuyamos
como origen, como motivo adicional de alejamiento de las clases medias
de nuestro proyecto político.
La apetencia por el dólar en períodos de alta inflación se explica
por si misma pero además por la ausencia de instrumentos simples de
colocación financiera en pesos que resguarden el poder adquisitivo de
los ahorros en moneda nacional. Los plazos fijos, que varían entre el 13
y el 18 % en la mayoría de los casos, son percibidos como insuficientes
frente a una inflación que no es el 10,8 % anual que dice el Indec y
como consecuencia de la prédica de la prensa opositora y sus colonizados
políticos, los ahorristas la sitúan entre el 25 % y el 30 %.
La demanda de dólares no fue permanente en los últimos diez años,
sino que se ha ido acelerando a medida que las clases medias con
capacidad de ahorro y el sector empresario comenzaron a percibir que el
tipo de cambio se iba atrasando. El atraso cambiario fue el deliberado
intento del Gobierno Nacional de usar la menor devaluación como “ancla
floja” para morigerar el aumento de salarios y su repercusión en los
precios. De la misma forma se ha usado hasta hace muy poco el
congelamiento de los precios del transporte, el gas y la electricidad
domiciliarias, básicamente en el conglomerado de Capital y Gran Buenos
Aires.
Ese atraso, varios años de inflación de precios y costos por arriba
de la devaluación nominal, determinó una menor competitividad del sector
industrial, no así del sector agrario. Éste último combina la feracidad
de las mejores tierras del mundo con el más avanzado paquete
tecnológico y elevados precios internacionales. Aún con un nivel de
retenciones a la soja del 35 % el complejo agrario es muy rentable, en
especial en la zona núcleo. En efecto, ese complejo no se reduce
solamente a “los productores”, sino que incluye una compleja trama de
terratenientes, productores por contrato/pooles, fabricantes de
semillas, herbicidas, fertilizantes, acopiadores, empresas exportadoras,
fabricantes de implementos agrícolas, etc. etc.)
No es así para la mayoría de las producciones industriales que no
están relacionadas directamente con los insumos del área agrícola
pampeana. Producciones agrarias regionales y la industria en general vio
deteriorada su competitividad, y ello se debió al doble proceso de
atraso cambiario y reducción permanente de los precios industriales
internacionales. Esto último es el resultado de la importancia de China
en la fijación de los precios de cada vez más extensos segmentos de la
producción industrial.
El gobierno venía, hasta 2012 inclusive, profundizando ese atraso
cambiario, y ello quedaba patente en la creciente dificultad de obtener
los superávit comerciales necesarios para poder hacer frente al pago de
los servicios de la deuda externa (capital e intereses) y la remisión de
utilidades de las empresas extranjeras. A la alta propensión a importar
insumos en un desarticulado sector industrial, en especial en el ramo
automotor, electrónica y bienes de capital, se sumó el creciente déficit
energético, resultado de políticas tardías con respecto a YPF, que
derivaron en su necesaria re-nacionalización.
Para evitar mayores dificultades externas, el gobierno comenzó hace
varios años la administración del comercio exterior. En síntesis,
dificultando las importaciones, sin lograr que ello produjese la
sustitución virtuosa de esos productos en el país. Es que un industrial
que sabe que el costo de un producto que recibe de China o Brasil,
incluyendo el flete, los derechos de importación y los gastos de
despacho, será más barato que la versión nacional que él podría
fabricar. Para animarse a fabricarlo en el país necesita estar seguro
que esa competencia externa no lo afectará. Ello es sólo posible por dos
vías, la prohibición permanente de ingreso o un tipo de cambio tal que
los haga más caros que los nacionales. La administración de comercio no
era la prohibición permanente sino la lotería de abrir o cerrar
compuertas por tiempos limitados, y ello no alcanza a decidir a quien no
avizora, luego de la inversión, costos de producción competitivos.
Además de esta restricción al comercio el gobierno, luego de las
elecciones de 2011, fue cerrando las posibilidades de compra de dólares
con fines de atesoramiento. Fueron medidas parciales que se fueron
sumando y cerrando las brechas, todas dadas con explicaciones falaces o
incompletas. Esas malas o inexistentes explicaciones contribuyeron a
enajenar más aún la poca voluntad de comprensión que hubiese tenido la
clase media frente a esas medidas.
La corrupción, la inflación y la inseguridad como explicaciones del
retroceso eleccionarios no son totalmente válidos, ya que el mismo
sonsonete se viene aireando desde 2007 y no tuvo efectos en 2011. Son
causas (reales o imaginarias) concurrentes pero que actuaron sobre los
sectores que defeccionaron su voto al FPV básicamente por los motivos
indicados más arriba, el alejamiento del sector sindical de Moyano y en
las clases medias la imposibilidad de cubrirse de la inflación mediante
la compra de dólares. Todo lo demás es por añadidura pero secundario.
Más aún, es secundario en la realidad aunque los que ahora no votaron
al Gobierno puedan pensar conscientemente que los motivos fueron la
tríada indicada arriba. La mayoría de las veces los motivos conscientes
no son los motivos últimos que definen un voto. Creer que la gente vota a
un candidato por las razones que dice en las encuestas sería una
ingenuidad en la que no caeremos, un principio básico de psicología
social.
4.- La situación a inicios de 2014
De esta forma llegamos al momento actual, en donde hemos perdido el
apoyo de fracciones de la clase obrera y gran parte del apoyo que
obtuviéramos de las clases medias bajas y media-media.
A estas dificultades políticas se le añaden las limitaciones
económicas que enfrenta el gobierno, que pueden sintetizarse en la
“restricción externa”, es decir la insuficiencia del superávit comercial
externo para hacer frente a las obligaciones de pago de la deuda
externa, remisión de intereses y utilidades. Es sabido cuáles son los
elementos que se han ido empeorando en la ecuación que antes permitía
holguras: crecientes importaciones de energía, mayor desbalance
industrial, importaciones de partes y componentes electrónicos en Tierra
del Fuego y saldo negativo en turismo al exterior son los más
importantes.
A estas restricciones de tipo económico debemos agregar una muy
importante y que no está originada en esa esfera sino en la política.
Efectivamente, hay una deliberada acción de desestabilización económica
originada en el sector agrario, incluyendo tanto a los productores como a
las empresas exportadoras internacionales. El presidente de la Sociedad
Rural Argentina lo ha dicho sin ambages: no exportar hasta que el tipo
de cambio no sea el que ese sector reclama (directamente el blue).
Resultado de ese pedido hay retenida una parte importante de la cosecha
de soja de 2012/2013. Puede que parte esté en silos bolsa, puede que
otra parte haya sido contrabandeada al Paraguay, que en el año pasado
aumentó la exportación de soja en más del 60 %. A ello se sumó en 2013
la reticencia de las cerealeras de prefinanciar las operaciones en el
exterior, retrasando el ingreso de dólares. El nuevo equipo económico ha
tomado medidas buscando neutralizar este último problema.
Una de las medidas que ha tomado el nuevo equipo económico, y muy
importante, es la aceleración de la devaluación diaria del peso,
superando el 30 % en 2013 y acelerando su ritmo en las últimas semanas.
El retraso cambiario que no se quiso reconocer a la industria está
beneficiando en forma acelerada al sector agrario, que al menos en su
zona núcleo no necesitaba. Va de suyo que esta política está devolviendo
en forma progresiva aunque pausada, la rentabilidad externa de muchas
producciones industriales y agrarias regionales. A esta aceleración de
la devaluación diaria se añaden los intentos de aumentar la financiación
externa por distintas vías que el endeudamiento en el mercado
voluntario, que nos está esperando para hacer tronar el escarmiento
sobre el alumno descarriado.
El desafío económico está en mantener un fluido comercio externo y
generar ese superávit (del orden de los u$s 10.000 millones en 2014) sin
tener que apelar al enfriamiento de la economía, ya que los primeros
afectados serían el nivel de empleo y el salario real de los
trabajadores. Todas las políticas económicas que está desplegando el
Ministerio de Economía van en ese sentido, se verán los resultados.
El verdadero dilema que tiene el gobierno es cómo recuperar el
apoyo del conjunto de la clase trabajadora y de aquella fracción de las
clases medias que apoyara en 2011, si al mismo tiempo no puede, por la
restricción externa, seguir “cebando la bomba“ del consumo sin caer en
una reducción del superávit comercial externo.
Existe un sendero, muy estrecho, con sus inevitables derrapes, pero es posible recorrerlo. En
ese sendero hay pasos absolutamente necesarios que desarrollar si se
quiere tener éxito. Mientras Kicillof trata de mantener el frente
externo dentro de los parámetros indicados el Gobierno debe intentar una
vez más un acuerdo tripartito para ir reduciendo el problema de la
inflación sin tener que apelar a un plan recesivo. Para ese acuerdo es
absolutamente necesario que el futuro Índice de Precios Nacional Urbano
que comenzará en febrero sea creíble y no disputado por los sectores
sindicales.
Si el equipo económico tiene éxito parte de la batalla estará ganada.
La otra parte es la más difícil: en los acuerdos tripartitos no sólo
deben estar las centrales de Caló y Yasky, también las de Moyano y
Michelli, o al menos la de Moyano. Para ello es necesario hacer cambios
en el acercamiento político a estos sectores sindicales, para comenzar
invitándolos a las negociaciones, ya que no hacerlo sólo puede exacerbar
la inquina mutua. Este paso no garantiza la solución a los diferendos
ni mucho menos. Puede que no logren en absoluto lo que su implementación
busca. Pero no intentarlo nos deja menos margen para una política que
nos permita recorrer estos dos años finales del gobierno de Cristina en
forma exitosa y tener posibilidades ciertas de plantearnos una
continuidad política.
Sólo si resolvemos el esquema de alianzas sociales en que se apoyará
el FPV en estos dos años nos podremos plantear cómo avanzar con un
candidato que nos represente en 2015. Las soluciones no son sólo
económicas, son políticas. Si se tiene una fuerte política de alianza
con las clases beneficiadas por el proyecto nacional, y sus
representaciones orgánicas, es posible que las partes entiendan las
dificultades económicas circunstanciales, como las que nos plantea la
restricción externa con sus diversas causas. Eso fue posible en 2009 y
2011, habría que poder repetirlo antes de 2015.
