El primer post del 2014 en El Baldío lo escribe JM de Artepolítica
1.- Introducción
Han pasado más de diez años del inicio del kirchnerismo. Han sido diez años de crecimiento económico, reducción de la desocupación, incremento de los salarios reales, generalización de las jubilaciones y pensiones, subsidios a la niñez y juventud, nacionalización de empresas y servicios importantes, reparaciones de derechos, castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad, derechos a las minorías, visión latinoamericanista, entre otros tantos logros. Una casi ininterrumpida marcha hacia adelante, profundizando ese proyecto. Lo que nació como la decisión de favorecer una alternativa política no menemista terminó por adquirir una identidad propia, y hoy el kirchnerismo es el heredero de las mejores tradiciones del peronismo y de las luchas democráticas y populares.
Lo que nos interesa puntualizar ahora son las tensiones o dilemas a que se enfrenta el Gobierno Nacional de Cristina. Los dilemas son el resultado del desacomodo de ciertas variables importantes que han puesto en una situación más estrecha a un gobierno que por muchos años sólo supo de avances.
Ahora esa casi continua marcha ascendente se encuentra con mayores limitaciones. El conflicto con los terratenientes rurales en 2008 significó un retroceso, que luego se plasmó en la pobre elección de medio término de 2009. Hubo recuperación de la iniciativa, audacia en las decisiones, revitalización de la militancia juvenil tras la muerte de Néstor Kirchner y otras medidas que permitieron la reelección de Cristina en 2011 con el 54 % de los votos. Sin embargo, un conjunto de medidas que tomó Cristina tras haber ganado las elecciones de 2011 le enajenó el apoyo de algunos sectores sociales y ello ha desembocado en la también pobre elección de medio término de Octubre de 2013. Algunas eran inevitables, como las que impidieron la compra de dólares para atesoramiento, otras no tanto. Las analizaremos.
2.- La alianza de clases en que se basa el Gobierno Nacional
Nos interesa analizar la relación entre las medidas políticas y económicas tomadas y el alejamiento de sectores sociales entre la elección de 2011 y la de 2013, para ver qué se puede hacer hacia el futuro para concluir con éxito el período de Cristina (2015) y lograr la continuidad del proyecto político iniciado en 2003.
En términos de apoyo social, la diferencia entre el 54 % de Cristina en 2011 y el 33 % de las legislativas de 2013, está concentrada en el alejamiento de dos sectores sociales diferenciados: una parte de la clase trabajadora y gran parte de aquella fracción de las clases medias que habían apoyado en 2011. La fracción mayoritaria de las clases medias, así como la casi totalidad de la clase media alta y la clase alta, estuvieron siempre en contra del proyecto kirchnerista, y se expresaron políticamente en el radicalismo, el socialismo de Binner y compañía, el PRO, distintas expresiones peronistas y algunos partidos provinciales.
El alejamiento de parte de la clase trabajadora, en especial de una fracción de los obreros industriales sindicalizados, se debe básicamente a la ruptura de la alianza entre el kirchnerismo y el sindicalismo liderado por Hugo Moyano. No se trata de un tema menor ni circunstancial. Fue una decisión política que dijimos en su momento iba a traer cola y la trajo, con resultados negativos tanto en la esfera electoral como en los acuerdos sociales que fueron la base del armado político desde 2003.
No nos cabe la duda que la fracción moyanista de la CGT tiene intereses propios más allá de la representación sindical de sus asociados, y que esos intereses distan de ser santos, pero de allí a la ruptura hay una distancia importante que debería haberse evitado. La aspiración de Hugo Moyano a ser precandidato a presidente de la república era y es legítima. Por qué un obrero no puede aspirar a ser presidente del país? Lula en Brasil tuvo los quilates políticos como para conducir una coalición que fue creciendo, y luego de ser derrotado varias veces, llegó a la presidencia del país hermano.
Hubiese sido preferible que Hugo Moyano hiciese el recorrido, nuestra opinión es que no hubiese triunfado en las primarias porque no tiene las mismas cualidades que tenía Lula para liderar una alianza que es mucho más que el apoyo sindical.
La oposición de Cristina a que Moyano sea precandidato a presidente no debería analizarse desde el punto de vista “moral”, criticando al sindicalista por los “negocios non sanctos” (obras sociales, medicamentos, empresas de recolección de residuos, etc.). Si así fuese habría que analizar los quilates morales de todo el espectro de apoyo al kirchnerismo, desde la CGT oficial de Caló y la CTA de Yasky y sus maestros, los distintos gobernadores e intendentes, y así de seguido. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Más aún, cuando se pierde un apoyo sindical, el centro de apoyo de un gobierno necesariamente se termina recostando en algún otro sector diferente, o peor, en menos sectores sociales populares.
Esa ruptura fue deliberadamente acelerada por Cristina. La consecuencia fue la imposibilidad de hacer acuerdos tripartitos (gobierno, empresarios, sindicalistas) que morigerasen los aumentos de precios y salarios, exacerbando la puja distributiva y el nivel de la inflación, para peor mentida por el Indec. En esa disputa, Moyano fue al frente de las reivindicaciones laborales por la reducción (él pedía de máxima la eliminación) del impuesto a las Ganancias a los trabajadores registrados y la universalización del salario familiar. Las reivindicaciones eran justas (aunque excesivas, pero eso era parte de la negociación irrenunciable para un sindicalista que se precie de tal). Años atrás, en 2009 había morigerado sus reclamos, y en 2011 combinó elevados reclamos salariales con apoyo político a Cristina en las urnas.
En 2013, con la previa ruptura de Moyano, una fracción minoritaria pero no despreciable de la clase obrera dejó de votar al Frente para la Victoria. En el caso de la Provincia de Buenos Aires ese desencanto con el FPV no se expresó en el voto a la lista en donde estaba Moyano (la de Francisco de Narváez) sino en el voto al Frente Renovador de Sergio Massa. La ecuación era sencilla: Moyano no atrae votos, ni siquiera de los gremios que lo apoyan, pero su oposición alcanza para alejar a parte de los trabajadores del kirchnerismo y dejarse seducir por la propaganda sibilina de un político oportunista, proveniente de la UCEDE e incrustado en el PJ bonaerense como es Sergio Massa.
Si esa sangría fue una herida autoinfligida por un error de apreciación del gobierno nacional, el alejamiento de parte importante de la fracción de las clases medias que había votado a Cristina en 2011 se debió a medidas en el plano económico, medidas inevitables aunque muy mal explicadas en su momento.
3.- La inflación, sus causas reales y sus consecuencias políticas
Desde hacía algunos años la inflación, del orden del 20 % al 25 % anual, y el atraso cambiario (menor devaluación que la inflación real) redoblaron la apetencia de las clases medias y altas para ahorrar en dólares en vez de en pesos. La inflación es en nuestro país, la consecuencia no deseada de la política de incremento de los salarios reales en que se embarcaron los distintos gobiernos K. En la puja de precios y salarios, hasta ahora – medidos inclusive con índices sobrevaulados como los del Congreso Opositor – indica persistentes incremento de los salarios reales. Esa mejora es evidente en las condiciones de vida de la mayoría de los asalariados, y se exterioriza en las ventas de automóviles, motos, electrodomésticos, celulares, refacción del hogar, comidas en restaurantes, vacaciones interiores y exteriores, ventas en supermercados y comercios de todas las categorías sociales.
Sin embargo, la consecuencia no deseada de ese incremento de salarios reales para la mayoría (no para todos) los asalariados, ha sido el mantenimiento de una alta inflación, con sus efectos deletéreos sobre un conjunto de actividades económicas. Si bien la mayoría de los trabajadores formales vio incrementados sus salarios reales, ello no fue así en los empleados estatales y fracciones importantes de los asalariados informales.
La inflación que es resultado de la puja distributiva, como ahora en Argentina, no tiene nada que ver con aquella que se produce como consecuencia de un desbalance pronunciado en las cuentas públicas (déficit fiscal) como el que precedió a la hiperinflación de Raúl Alfonsín (1989) y Carlos Menem (1990). El déficit fiscal actual es menor al límite que imponen los europeos por el tratado de Maastrich (3 %sobre el PBI) que ninguno de ellos cumple y sin embargo tienen inflaciones menores al 4 % anual. La cantinela de la ortodoxia económica sobre el déficit y la emisión monetaria como causantes de la inflación está totalmente equivocada. Tampoco adherimos a la simplificada tesis heterodoxa sobre el poder de los oligopolios para fijar precios como causante principal de la inflación. Esta es una explicación válida pero insuficiente. Al poder de fuego de los empresarios para remarcar, y cuanto más oligopolios más capacidad, se le debe añadir la formidable capacidad reivindicativa que tiene la estructura sindical argentina, una de las más poderosas de Latino América y quizá del mundo. La puja es eso, la lucha entre dos sectores sociales con alto poder de negociación y regateo. Si no se explicita el poder sindical no habría cómo explicar que los salarios nominales le ganan en general a los incrementos de precios produciendo el incremento de salarios reales. O “siempre ganan los monopolios” o “hay aumentos de salarios reales”, no se puede afirmar las dos cosas al mismo tiempo, aunque algunos kirchneristas que siguen las explicaciones de malos economistas heterodoxos lo hagan.
En lo que queremos concentrarnos es en los efectos indeseados de la inflación actual, al margen de las distintas causas que le atribuyamos como origen, como motivo adicional de alejamiento de las clases medias de nuestro proyecto político.
La apetencia por el dólar en períodos de alta inflación se explica por si misma pero además por la ausencia de instrumentos simples de colocación financiera en pesos que resguarden el poder adquisitivo de los ahorros en moneda nacional. Los plazos fijos, que varían entre el 13 y el 18 % en la mayoría de los casos, son percibidos como insuficientes frente a una inflación que no es el 10,8 % anual que dice el Indec y como consecuencia de la prédica de la prensa opositora y sus colonizados políticos, los ahorristas la sitúan entre el 25 % y el 30 %.
La demanda de dólares no fue permanente en los últimos diez años, sino que se ha ido acelerando a medida que las clases medias con capacidad de ahorro y el sector empresario comenzaron a percibir que el tipo de cambio se iba atrasando. El atraso cambiario fue el deliberado intento del Gobierno Nacional de usar la menor devaluación como “ancla floja” para morigerar el aumento de salarios y su repercusión en los precios. De la misma forma se ha usado hasta hace muy poco el congelamiento de los precios del transporte, el gas y la electricidad domiciliarias, básicamente en el conglomerado de Capital y Gran Buenos Aires.
Ese atraso, varios años de inflación de precios y costos por arriba de la devaluación nominal, determinó una menor competitividad del sector industrial, no así del sector agrario. Éste último combina la feracidad de las mejores tierras del mundo con el más avanzado paquete tecnológico y elevados precios internacionales. Aún con un nivel de retenciones a la soja del 35 % el complejo agrario es muy rentable, en especial en la zona núcleo. En efecto, ese complejo no se reduce solamente a “los productores”, sino que incluye una compleja trama de terratenientes, productores por contrato/pooles, fabricantes de semillas, herbicidas, fertilizantes, acopiadores, empresas exportadoras, fabricantes de implementos agrícolas, etc. etc.)
No es así para la mayoría de las producciones industriales que no están relacionadas directamente con los insumos del área agrícola pampeana. Producciones agrarias regionales y la industria en general vio deteriorada su competitividad, y ello se debió al doble proceso de atraso cambiario y reducción permanente de los precios industriales internacionales. Esto último es el resultado de la importancia de China en la fijación de los precios de cada vez más extensos segmentos de la producción industrial.
El gobierno venía, hasta 2012 inclusive, profundizando ese atraso cambiario, y ello quedaba patente en la creciente dificultad de obtener los superávit comerciales necesarios para poder hacer frente al pago de los servicios de la deuda externa (capital e intereses) y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras. A la alta propensión a importar insumos en un desarticulado sector industrial, en especial en el ramo automotor, electrónica y bienes de capital, se sumó el creciente déficit energético, resultado de políticas tardías con respecto a YPF, que derivaron en su necesaria re-nacionalización.
Para evitar mayores dificultades externas, el gobierno comenzó hace varios años la administración del comercio exterior. En síntesis, dificultando las importaciones, sin lograr que ello produjese la sustitución virtuosa de esos productos en el país. Es que un industrial que sabe que el costo de un producto que recibe de China o Brasil, incluyendo el flete, los derechos de importación y los gastos de despacho, será más barato que la versión nacional que él podría fabricar. Para animarse a fabricarlo en el país necesita estar seguro que esa competencia externa no lo afectará. Ello es sólo posible por dos vías, la prohibición permanente de ingreso o un tipo de cambio tal que los haga más caros que los nacionales. La administración de comercio no era la prohibición permanente sino la lotería de abrir o cerrar compuertas por tiempos limitados, y ello no alcanza a decidir a quien no avizora, luego de la inversión, costos de producción competitivos.
Además de esta restricción al comercio el gobierno, luego de las elecciones de 2011, fue cerrando las posibilidades de compra de dólares con fines de atesoramiento. Fueron medidas parciales que se fueron sumando y cerrando las brechas, todas dadas con explicaciones falaces o incompletas. Esas malas o inexistentes explicaciones contribuyeron a enajenar más aún la poca voluntad de comprensión que hubiese tenido la clase media frente a esas medidas.
La corrupción, la inflación y la inseguridad como explicaciones del retroceso eleccionarios no son totalmente válidos, ya que el mismo sonsonete se viene aireando desde 2007 y no tuvo efectos en 2011. Son causas (reales o imaginarias) concurrentes pero que actuaron sobre los sectores que defeccionaron su voto al FPV básicamente por los motivos indicados más arriba, el alejamiento del sector sindical de Moyano y en las clases medias la imposibilidad de cubrirse de la inflación mediante la compra de dólares. Todo lo demás es por añadidura pero secundario.
Más aún, es secundario en la realidad aunque los que ahora no votaron al Gobierno puedan pensar conscientemente que los motivos fueron la tríada indicada arriba. La mayoría de las veces los motivos conscientes no son los motivos últimos que definen un voto. Creer que la gente vota a un candidato por las razones que dice en las encuestas sería una ingenuidad en la que no caeremos, un principio básico de psicología social.
4.- La situación a inicios de 2014
De esta forma llegamos al momento actual, en donde hemos perdido el apoyo de fracciones de la clase obrera y gran parte del apoyo que obtuviéramos de las clases medias bajas y media-media.
A estas dificultades políticas se le añaden las limitaciones económicas que enfrenta el gobierno, que pueden sintetizarse en la “restricción externa”, es decir la insuficiencia del superávit comercial externo para hacer frente a las obligaciones de pago de la deuda externa, remisión de intereses y utilidades. Es sabido cuáles son los elementos que se han ido empeorando en la ecuación que antes permitía holguras: crecientes importaciones de energía, mayor desbalance industrial, importaciones de partes y componentes electrónicos en Tierra del Fuego y saldo negativo en turismo al exterior son los más importantes.
A estas restricciones de tipo económico debemos agregar una muy importante y que no está originada en esa esfera sino en la política. Efectivamente, hay una deliberada acción de desestabilización económica originada en el sector agrario, incluyendo tanto a los productores como a las empresas exportadoras internacionales. El presidente de la Sociedad Rural Argentina lo ha dicho sin ambages: no exportar hasta que el tipo de cambio no sea el que ese sector reclama (directamente el blue). Resultado de ese pedido hay retenida una parte importante de la cosecha de soja de 2012/2013. Puede que parte esté en silos bolsa, puede que otra parte haya sido contrabandeada al Paraguay, que en el año pasado aumentó la exportación de soja en más del 60 %. A ello se sumó en 2013 la reticencia de las cerealeras de prefinanciar las operaciones en el exterior, retrasando el ingreso de dólares. El nuevo equipo económico ha tomado medidas buscando neutralizar este último problema.
Una de las medidas que ha tomado el nuevo equipo económico, y muy importante, es la aceleración de la devaluación diaria del peso, superando el 30 % en 2013 y acelerando su ritmo en las últimas semanas. El retraso cambiario que no se quiso reconocer a la industria está beneficiando en forma acelerada al sector agrario, que al menos en su zona núcleo no necesitaba. Va de suyo que esta política está devolviendo en forma progresiva aunque pausada, la rentabilidad externa de muchas producciones industriales y agrarias regionales. A esta aceleración de la devaluación diaria se añaden los intentos de aumentar la financiación externa por distintas vías que el endeudamiento en el mercado voluntario, que nos está esperando para hacer tronar el escarmiento sobre el alumno descarriado.
El desafío económico está en mantener un fluido comercio externo y generar ese superávit (del orden de los u$s 10.000 millones en 2014) sin tener que apelar al enfriamiento de la economía, ya que los primeros afectados serían el nivel de empleo y el salario real de los trabajadores. Todas las políticas económicas que está desplegando el Ministerio de Economía van en ese sentido, se verán los resultados.
El verdadero dilema que tiene el gobierno es cómo recuperar el apoyo del conjunto de la clase trabajadora y de aquella fracción de las clases medias que apoyara en 2011, si al mismo tiempo no puede, por la restricción externa, seguir “cebando la bomba“ del consumo sin caer en una reducción del superávit comercial externo.
Existe un sendero, muy estrecho, con sus inevitables derrapes, pero es posible recorrerlo. En ese sendero hay pasos absolutamente necesarios que desarrollar si se quiere tener éxito. Mientras Kicillof trata de mantener el frente externo dentro de los parámetros indicados el Gobierno debe intentar una vez más un acuerdo tripartito para ir reduciendo el problema de la inflación sin tener que apelar a un plan recesivo. Para ese acuerdo es absolutamente necesario que el futuro Índice de Precios Nacional Urbano que comenzará en febrero sea creíble y no disputado por los sectores sindicales.
Si el equipo económico tiene éxito parte de la batalla estará ganada. La otra parte es la más difícil: en los acuerdos tripartitos no sólo deben estar las centrales de Caló y Yasky, también las de Moyano y Michelli, o al menos la de Moyano. Para ello es necesario hacer cambios en el acercamiento político a estos sectores sindicales, para comenzar invitándolos a las negociaciones, ya que no hacerlo sólo puede exacerbar la inquina mutua. Este paso no garantiza la solución a los diferendos ni mucho menos. Puede que no logren en absoluto lo que su implementación busca. Pero no intentarlo nos deja menos margen para una política que nos permita recorrer estos dos años finales del gobierno de Cristina en forma exitosa y tener posibilidades ciertas de plantearnos una continuidad política.
Sólo si resolvemos el esquema de alianzas sociales en que se apoyará el FPV en estos dos años nos podremos plantear cómo avanzar con un candidato que nos represente en 2015. Las soluciones no son sólo económicas, son políticas. Si se tiene una fuerte política de alianza con las clases beneficiadas por el proyecto nacional, y sus representaciones orgánicas, es posible que las partes entiendan las dificultades económicas circunstanciales, como las que nos plantea la restricción externa con sus diversas causas. Eso fue posible en 2009 y 2011, habría que poder repetirlo antes de 2015.
Los dilemas del kirchnerismo
Por JM, el 20 de enero de 2014.
1.- Introducción
Han pasado más de diez años del inicio del kirchnerismo. Han sido diez años de crecimiento económico, reducción de la desocupación, incremento de los salarios reales, generalización de las jubilaciones y pensiones, subsidios a la niñez y juventud, nacionalización de empresas y servicios importantes, reparaciones de derechos, castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad, derechos a las minorías, visión latinoamericanista, entre otros tantos logros. Una casi ininterrumpida marcha hacia adelante, profundizando ese proyecto. Lo que nació como la decisión de favorecer una alternativa política no menemista terminó por adquirir una identidad propia, y hoy el kirchnerismo es el heredero de las mejores tradiciones del peronismo y de las luchas democráticas y populares.
Lo que nos interesa puntualizar ahora son las tensiones o dilemas a que se enfrenta el Gobierno Nacional de Cristina. Los dilemas son el resultado del desacomodo de ciertas variables importantes que han puesto en una situación más estrecha a un gobierno que por muchos años sólo supo de avances.
Ahora esa casi continua marcha ascendente se encuentra con mayores limitaciones. El conflicto con los terratenientes rurales en 2008 significó un retroceso, que luego se plasmó en la pobre elección de medio término de 2009. Hubo recuperación de la iniciativa, audacia en las decisiones, revitalización de la militancia juvenil tras la muerte de Néstor Kirchner y otras medidas que permitieron la reelección de Cristina en 2011 con el 54 % de los votos. Sin embargo, un conjunto de medidas que tomó Cristina tras haber ganado las elecciones de 2011 le enajenó el apoyo de algunos sectores sociales y ello ha desembocado en la también pobre elección de medio término de Octubre de 2013. Algunas eran inevitables, como las que impidieron la compra de dólares para atesoramiento, otras no tanto. Las analizaremos.
2.- La alianza de clases en que se basa el Gobierno Nacional
Nos interesa analizar la relación entre las medidas políticas y económicas tomadas y el alejamiento de sectores sociales entre la elección de 2011 y la de 2013, para ver qué se puede hacer hacia el futuro para concluir con éxito el período de Cristina (2015) y lograr la continuidad del proyecto político iniciado en 2003.
En términos de apoyo social, la diferencia entre el 54 % de Cristina en 2011 y el 33 % de las legislativas de 2013, está concentrada en el alejamiento de dos sectores sociales diferenciados: una parte de la clase trabajadora y gran parte de aquella fracción de las clases medias que habían apoyado en 2011. La fracción mayoritaria de las clases medias, así como la casi totalidad de la clase media alta y la clase alta, estuvieron siempre en contra del proyecto kirchnerista, y se expresaron políticamente en el radicalismo, el socialismo de Binner y compañía, el PRO, distintas expresiones peronistas y algunos partidos provinciales.
El alejamiento de parte de la clase trabajadora, en especial de una fracción de los obreros industriales sindicalizados, se debe básicamente a la ruptura de la alianza entre el kirchnerismo y el sindicalismo liderado por Hugo Moyano. No se trata de un tema menor ni circunstancial. Fue una decisión política que dijimos en su momento iba a traer cola y la trajo, con resultados negativos tanto en la esfera electoral como en los acuerdos sociales que fueron la base del armado político desde 2003.
No nos cabe la duda que la fracción moyanista de la CGT tiene intereses propios más allá de la representación sindical de sus asociados, y que esos intereses distan de ser santos, pero de allí a la ruptura hay una distancia importante que debería haberse evitado. La aspiración de Hugo Moyano a ser precandidato a presidente de la república era y es legítima. Por qué un obrero no puede aspirar a ser presidente del país? Lula en Brasil tuvo los quilates políticos como para conducir una coalición que fue creciendo, y luego de ser derrotado varias veces, llegó a la presidencia del país hermano.
Hubiese sido preferible que Hugo Moyano hiciese el recorrido, nuestra opinión es que no hubiese triunfado en las primarias porque no tiene las mismas cualidades que tenía Lula para liderar una alianza que es mucho más que el apoyo sindical.
La oposición de Cristina a que Moyano sea precandidato a presidente no debería analizarse desde el punto de vista “moral”, criticando al sindicalista por los “negocios non sanctos” (obras sociales, medicamentos, empresas de recolección de residuos, etc.). Si así fuese habría que analizar los quilates morales de todo el espectro de apoyo al kirchnerismo, desde la CGT oficial de Caló y la CTA de Yasky y sus maestros, los distintos gobernadores e intendentes, y así de seguido. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Más aún, cuando se pierde un apoyo sindical, el centro de apoyo de un gobierno necesariamente se termina recostando en algún otro sector diferente, o peor, en menos sectores sociales populares.
Esa ruptura fue deliberadamente acelerada por Cristina. La consecuencia fue la imposibilidad de hacer acuerdos tripartitos (gobierno, empresarios, sindicalistas) que morigerasen los aumentos de precios y salarios, exacerbando la puja distributiva y el nivel de la inflación, para peor mentida por el Indec. En esa disputa, Moyano fue al frente de las reivindicaciones laborales por la reducción (él pedía de máxima la eliminación) del impuesto a las Ganancias a los trabajadores registrados y la universalización del salario familiar. Las reivindicaciones eran justas (aunque excesivas, pero eso era parte de la negociación irrenunciable para un sindicalista que se precie de tal). Años atrás, en 2009 había morigerado sus reclamos, y en 2011 combinó elevados reclamos salariales con apoyo político a Cristina en las urnas.
En 2013, con la previa ruptura de Moyano, una fracción minoritaria pero no despreciable de la clase obrera dejó de votar al Frente para la Victoria. En el caso de la Provincia de Buenos Aires ese desencanto con el FPV no se expresó en el voto a la lista en donde estaba Moyano (la de Francisco de Narváez) sino en el voto al Frente Renovador de Sergio Massa. La ecuación era sencilla: Moyano no atrae votos, ni siquiera de los gremios que lo apoyan, pero su oposición alcanza para alejar a parte de los trabajadores del kirchnerismo y dejarse seducir por la propaganda sibilina de un político oportunista, proveniente de la UCEDE e incrustado en el PJ bonaerense como es Sergio Massa.
Si esa sangría fue una herida autoinfligida por un error de apreciación del gobierno nacional, el alejamiento de parte importante de la fracción de las clases medias que había votado a Cristina en 2011 se debió a medidas en el plano económico, medidas inevitables aunque muy mal explicadas en su momento.
3.- La inflación, sus causas reales y sus consecuencias políticas
Desde hacía algunos años la inflación, del orden del 20 % al 25 % anual, y el atraso cambiario (menor devaluación que la inflación real) redoblaron la apetencia de las clases medias y altas para ahorrar en dólares en vez de en pesos. La inflación es en nuestro país, la consecuencia no deseada de la política de incremento de los salarios reales en que se embarcaron los distintos gobiernos K. En la puja de precios y salarios, hasta ahora – medidos inclusive con índices sobrevaulados como los del Congreso Opositor – indica persistentes incremento de los salarios reales. Esa mejora es evidente en las condiciones de vida de la mayoría de los asalariados, y se exterioriza en las ventas de automóviles, motos, electrodomésticos, celulares, refacción del hogar, comidas en restaurantes, vacaciones interiores y exteriores, ventas en supermercados y comercios de todas las categorías sociales.
Sin embargo, la consecuencia no deseada de ese incremento de salarios reales para la mayoría (no para todos) los asalariados, ha sido el mantenimiento de una alta inflación, con sus efectos deletéreos sobre un conjunto de actividades económicas. Si bien la mayoría de los trabajadores formales vio incrementados sus salarios reales, ello no fue así en los empleados estatales y fracciones importantes de los asalariados informales.
La inflación que es resultado de la puja distributiva, como ahora en Argentina, no tiene nada que ver con aquella que se produce como consecuencia de un desbalance pronunciado en las cuentas públicas (déficit fiscal) como el que precedió a la hiperinflación de Raúl Alfonsín (1989) y Carlos Menem (1990). El déficit fiscal actual es menor al límite que imponen los europeos por el tratado de Maastrich (3 %sobre el PBI) que ninguno de ellos cumple y sin embargo tienen inflaciones menores al 4 % anual. La cantinela de la ortodoxia económica sobre el déficit y la emisión monetaria como causantes de la inflación está totalmente equivocada. Tampoco adherimos a la simplificada tesis heterodoxa sobre el poder de los oligopolios para fijar precios como causante principal de la inflación. Esta es una explicación válida pero insuficiente. Al poder de fuego de los empresarios para remarcar, y cuanto más oligopolios más capacidad, se le debe añadir la formidable capacidad reivindicativa que tiene la estructura sindical argentina, una de las más poderosas de Latino América y quizá del mundo. La puja es eso, la lucha entre dos sectores sociales con alto poder de negociación y regateo. Si no se explicita el poder sindical no habría cómo explicar que los salarios nominales le ganan en general a los incrementos de precios produciendo el incremento de salarios reales. O “siempre ganan los monopolios” o “hay aumentos de salarios reales”, no se puede afirmar las dos cosas al mismo tiempo, aunque algunos kirchneristas que siguen las explicaciones de malos economistas heterodoxos lo hagan.
En lo que queremos concentrarnos es en los efectos indeseados de la inflación actual, al margen de las distintas causas que le atribuyamos como origen, como motivo adicional de alejamiento de las clases medias de nuestro proyecto político.
La apetencia por el dólar en períodos de alta inflación se explica por si misma pero además por la ausencia de instrumentos simples de colocación financiera en pesos que resguarden el poder adquisitivo de los ahorros en moneda nacional. Los plazos fijos, que varían entre el 13 y el 18 % en la mayoría de los casos, son percibidos como insuficientes frente a una inflación que no es el 10,8 % anual que dice el Indec y como consecuencia de la prédica de la prensa opositora y sus colonizados políticos, los ahorristas la sitúan entre el 25 % y el 30 %.
La demanda de dólares no fue permanente en los últimos diez años, sino que se ha ido acelerando a medida que las clases medias con capacidad de ahorro y el sector empresario comenzaron a percibir que el tipo de cambio se iba atrasando. El atraso cambiario fue el deliberado intento del Gobierno Nacional de usar la menor devaluación como “ancla floja” para morigerar el aumento de salarios y su repercusión en los precios. De la misma forma se ha usado hasta hace muy poco el congelamiento de los precios del transporte, el gas y la electricidad domiciliarias, básicamente en el conglomerado de Capital y Gran Buenos Aires.
Ese atraso, varios años de inflación de precios y costos por arriba de la devaluación nominal, determinó una menor competitividad del sector industrial, no así del sector agrario. Éste último combina la feracidad de las mejores tierras del mundo con el más avanzado paquete tecnológico y elevados precios internacionales. Aún con un nivel de retenciones a la soja del 35 % el complejo agrario es muy rentable, en especial en la zona núcleo. En efecto, ese complejo no se reduce solamente a “los productores”, sino que incluye una compleja trama de terratenientes, productores por contrato/pooles, fabricantes de semillas, herbicidas, fertilizantes, acopiadores, empresas exportadoras, fabricantes de implementos agrícolas, etc. etc.)
No es así para la mayoría de las producciones industriales que no están relacionadas directamente con los insumos del área agrícola pampeana. Producciones agrarias regionales y la industria en general vio deteriorada su competitividad, y ello se debió al doble proceso de atraso cambiario y reducción permanente de los precios industriales internacionales. Esto último es el resultado de la importancia de China en la fijación de los precios de cada vez más extensos segmentos de la producción industrial.
El gobierno venía, hasta 2012 inclusive, profundizando ese atraso cambiario, y ello quedaba patente en la creciente dificultad de obtener los superávit comerciales necesarios para poder hacer frente al pago de los servicios de la deuda externa (capital e intereses) y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras. A la alta propensión a importar insumos en un desarticulado sector industrial, en especial en el ramo automotor, electrónica y bienes de capital, se sumó el creciente déficit energético, resultado de políticas tardías con respecto a YPF, que derivaron en su necesaria re-nacionalización.
Para evitar mayores dificultades externas, el gobierno comenzó hace varios años la administración del comercio exterior. En síntesis, dificultando las importaciones, sin lograr que ello produjese la sustitución virtuosa de esos productos en el país. Es que un industrial que sabe que el costo de un producto que recibe de China o Brasil, incluyendo el flete, los derechos de importación y los gastos de despacho, será más barato que la versión nacional que él podría fabricar. Para animarse a fabricarlo en el país necesita estar seguro que esa competencia externa no lo afectará. Ello es sólo posible por dos vías, la prohibición permanente de ingreso o un tipo de cambio tal que los haga más caros que los nacionales. La administración de comercio no era la prohibición permanente sino la lotería de abrir o cerrar compuertas por tiempos limitados, y ello no alcanza a decidir a quien no avizora, luego de la inversión, costos de producción competitivos.
Además de esta restricción al comercio el gobierno, luego de las elecciones de 2011, fue cerrando las posibilidades de compra de dólares con fines de atesoramiento. Fueron medidas parciales que se fueron sumando y cerrando las brechas, todas dadas con explicaciones falaces o incompletas. Esas malas o inexistentes explicaciones contribuyeron a enajenar más aún la poca voluntad de comprensión que hubiese tenido la clase media frente a esas medidas.
La corrupción, la inflación y la inseguridad como explicaciones del retroceso eleccionarios no son totalmente válidos, ya que el mismo sonsonete se viene aireando desde 2007 y no tuvo efectos en 2011. Son causas (reales o imaginarias) concurrentes pero que actuaron sobre los sectores que defeccionaron su voto al FPV básicamente por los motivos indicados más arriba, el alejamiento del sector sindical de Moyano y en las clases medias la imposibilidad de cubrirse de la inflación mediante la compra de dólares. Todo lo demás es por añadidura pero secundario.
Más aún, es secundario en la realidad aunque los que ahora no votaron al Gobierno puedan pensar conscientemente que los motivos fueron la tríada indicada arriba. La mayoría de las veces los motivos conscientes no son los motivos últimos que definen un voto. Creer que la gente vota a un candidato por las razones que dice en las encuestas sería una ingenuidad en la que no caeremos, un principio básico de psicología social.
4.- La situación a inicios de 2014
De esta forma llegamos al momento actual, en donde hemos perdido el apoyo de fracciones de la clase obrera y gran parte del apoyo que obtuviéramos de las clases medias bajas y media-media.
A estas dificultades políticas se le añaden las limitaciones económicas que enfrenta el gobierno, que pueden sintetizarse en la “restricción externa”, es decir la insuficiencia del superávit comercial externo para hacer frente a las obligaciones de pago de la deuda externa, remisión de intereses y utilidades. Es sabido cuáles son los elementos que se han ido empeorando en la ecuación que antes permitía holguras: crecientes importaciones de energía, mayor desbalance industrial, importaciones de partes y componentes electrónicos en Tierra del Fuego y saldo negativo en turismo al exterior son los más importantes.
A estas restricciones de tipo económico debemos agregar una muy importante y que no está originada en esa esfera sino en la política. Efectivamente, hay una deliberada acción de desestabilización económica originada en el sector agrario, incluyendo tanto a los productores como a las empresas exportadoras internacionales. El presidente de la Sociedad Rural Argentina lo ha dicho sin ambages: no exportar hasta que el tipo de cambio no sea el que ese sector reclama (directamente el blue). Resultado de ese pedido hay retenida una parte importante de la cosecha de soja de 2012/2013. Puede que parte esté en silos bolsa, puede que otra parte haya sido contrabandeada al Paraguay, que en el año pasado aumentó la exportación de soja en más del 60 %. A ello se sumó en 2013 la reticencia de las cerealeras de prefinanciar las operaciones en el exterior, retrasando el ingreso de dólares. El nuevo equipo económico ha tomado medidas buscando neutralizar este último problema.
Una de las medidas que ha tomado el nuevo equipo económico, y muy importante, es la aceleración de la devaluación diaria del peso, superando el 30 % en 2013 y acelerando su ritmo en las últimas semanas. El retraso cambiario que no se quiso reconocer a la industria está beneficiando en forma acelerada al sector agrario, que al menos en su zona núcleo no necesitaba. Va de suyo que esta política está devolviendo en forma progresiva aunque pausada, la rentabilidad externa de muchas producciones industriales y agrarias regionales. A esta aceleración de la devaluación diaria se añaden los intentos de aumentar la financiación externa por distintas vías que el endeudamiento en el mercado voluntario, que nos está esperando para hacer tronar el escarmiento sobre el alumno descarriado.
El desafío económico está en mantener un fluido comercio externo y generar ese superávit (del orden de los u$s 10.000 millones en 2014) sin tener que apelar al enfriamiento de la economía, ya que los primeros afectados serían el nivel de empleo y el salario real de los trabajadores. Todas las políticas económicas que está desplegando el Ministerio de Economía van en ese sentido, se verán los resultados.
El verdadero dilema que tiene el gobierno es cómo recuperar el apoyo del conjunto de la clase trabajadora y de aquella fracción de las clases medias que apoyara en 2011, si al mismo tiempo no puede, por la restricción externa, seguir “cebando la bomba“ del consumo sin caer en una reducción del superávit comercial externo.
Existe un sendero, muy estrecho, con sus inevitables derrapes, pero es posible recorrerlo. En ese sendero hay pasos absolutamente necesarios que desarrollar si se quiere tener éxito. Mientras Kicillof trata de mantener el frente externo dentro de los parámetros indicados el Gobierno debe intentar una vez más un acuerdo tripartito para ir reduciendo el problema de la inflación sin tener que apelar a un plan recesivo. Para ese acuerdo es absolutamente necesario que el futuro Índice de Precios Nacional Urbano que comenzará en febrero sea creíble y no disputado por los sectores sindicales.
Si el equipo económico tiene éxito parte de la batalla estará ganada. La otra parte es la más difícil: en los acuerdos tripartitos no sólo deben estar las centrales de Caló y Yasky, también las de Moyano y Michelli, o al menos la de Moyano. Para ello es necesario hacer cambios en el acercamiento político a estos sectores sindicales, para comenzar invitándolos a las negociaciones, ya que no hacerlo sólo puede exacerbar la inquina mutua. Este paso no garantiza la solución a los diferendos ni mucho menos. Puede que no logren en absoluto lo que su implementación busca. Pero no intentarlo nos deja menos margen para una política que nos permita recorrer estos dos años finales del gobierno de Cristina en forma exitosa y tener posibilidades ciertas de plantearnos una continuidad política.
Sólo si resolvemos el esquema de alianzas sociales en que se apoyará el FPV en estos dos años nos podremos plantear cómo avanzar con un candidato que nos represente en 2015. Las soluciones no son sólo económicas, son políticas. Si se tiene una fuerte política de alianza con las clases beneficiadas por el proyecto nacional, y sus representaciones orgánicas, es posible que las partes entiendan las dificultades económicas circunstanciales, como las que nos plantea la restricción externa con sus diversas causas. Eso fue posible en 2009 y 2011, habría que poder repetirlo antes de 2015.
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