Este 10 de mayo del año en curso, se cumplió el primer aniversario de la sentencia de juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad contra el general y ex presidente Ríos Montt y el responsable de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez, funciones que desempeñaron a partir de la cadena de mano que tenían entre 1982 y 1983, periodo en que dirigieron la estrategia militar contrainsurgente “tierra arrasada” sobre los pueblos indígenas de Guatemala, y con más fuerza contra el pueblo maya ixil. La sentencia dictaminó prisión por 80 años para Ríos Montt, sin embargo diez días después, fue revocada y el proceso de juicio fue retrocedido. La clase empresarial agrupada en el CACIF empujó y la clase política reaccionaria cerró filas para lograr su cometido, el golpe más reciente lo acaba de dar el Congreso de la República, donde una aplastante mayoría de diputados aprobó el punto resolutivo diciendo que “no hubo genocidio”.[1]
El andar por las comunidades mayas ixiles del municipio de San Gaspar Chajul entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 nos dejó claro una idea: el pueblo maya ixil resistió al genocidio y ahora seguirá resistiendo, hasta que se les respete sus formas de decidir y vivir. Las comunidades de Pal, Santa Rosa, Chaxá, Cabá, Laguna Cabá, Nuevo Amacchel, Santa Clara son una expresión viva de esta idea. Aldeas donde sobreviven indígenas que fueron desplazados de sus comunidades, en su recuerdo y en su historia está impregnado el despojo, violaciones, asesinatos, días, semanas y meses con hambre, viviendo en una incertidumbre de sí volverían a ver a sus familiares y saber si les podrían dar sepultura de acuerdo a sus usos y costumbres.
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