Aclaro
que esta nota no tiene por fin proponer soluciones. Mi intención es dar
algunos elementos para invitar a pensar. Quien escribe pasó nueve años
como funcionario de Anses en distintas áreas. Eso no me hace un experto
previsional, pero sí logré entender de qué se trata nuestro sistema
jubilatorio. Siendo director de capacitación di charlas a nuevos
empleados y jefes de delegaciones para intentar darles una visión
integral del sistema. De 2015 a hoy los temas siguen siendo los mismos,
así que voy a repetir algunos conceptos en el lenguaje más llano y claro
posible.
El bueno y el malo
Comenzaba mis charlas diciendo: lo primero que tenemos que entender
es que el sistema tiene dos patas. La pata “buena”, que éramos los de
Anses, y la pata “mala”, los de AFIP. En ese momento se personificaban
en Bossio y Echegaray. Los buenos (Anses) otorgamos jubilaciones,
asignaciones familiares, asignación universal por hijo, becas Progresar,
créditos Procrear, notebooks, etcétera. Pero no debemos olvidar que
para que podamos repartir tantos beneficios del otro lado existe un
señor “malo” llamado Echegaray –ahora Mercedes Marcó del Pont– que se
dedica a recaudar impuestos, tarea que no despierta ninguna clase de
simpatías.
Esta idea es básica, para despejar las cabecitas volátiles que
suponen que el Estado es una fuente inagotable de recursos al cual se le
puede pedir y exigir todo.
La demagogia discursiva
El tema de los jubilados se presta para esgrimir una enorme cantidad
de argumentos discursivos desde cualquier sector político. Hasta
liberales salvajes como Espert, que en la intimidad piensan que la única
solución es dejar morir de hambre a tres millones de viejitos, evitan
decirlo y se conmueven hasta las lágrimas hablando del sufrimiento de
nuestros abuelos.
Entonces, cuando nos toca ser gobierno es muy fácil que nos corran
por izquierda, porque los jubilados siempre merecen estar mejor y es
cierto. Lo que nadie explica es cuánto dinero hace falta y de dónde lo
vamos sacar.
Anses representa el 62% del presupuesto nacional
Primer dato que se omite en la discusión: en el presupuesto 2020 está
previsto un gasto previsional de tres billones de pesos, exactamente el
61,9% del total del gasto de todo el Estado nacional. Con un dólar a
$60, son unos 50 mil millones de dólares. Por lo tanto, cualquier
aumento, por modesto que sea de los haberes jubilatorios, tiene un
impacto enorme sobre el presupuesto nacional y hay que buscar de donde
se obtienen esos recursos.
Por ejemplo, si aplicamos el 54% de inflación-Macri a la masa de
haberes jubilatorios, deberíamos agregar al gasto público de 2020 unos
27 mil millones de dólares.
Las retenciones a las exportaciones –antes del aumento– estaban en
8.600 millones de dólares: deberíamos triplicar ese impuesto para
recaudar 27 mil millones. Es la “solución fácil” que pregonan muchos
compañeros.
La culpa es de nosotros, claro
Los mismos que se santiguan y demandan que los jubilados cobren más
son quienes dicen que la culpa es de los que repartieron jubilaciones a
quienes no tenían aportes. Y tienen razón: nosotros tenemos la culpa de
que tres millones y medio de ancianos salieran de la pobreza extrema y
tuviesen la dignidad de cobrar un haber jubilatorio y tener una obra
social como PAMI.
La enorme mayoría de ellos son trabajadores de toda una vida que
sufrieron la falta de trabajo formal y la omisión de sus patrones de
hacer los aportes obligatorios.
Hubo muchos que tal vez no lo necesitaban y recibieron el beneficio:
eso también es cierto. Empezando por padres y madres de chacareros que
protestan en las rutas. Muchas mujeres de clase media y alta gozan de
este beneficio que pecó por “exceso de universalidad”, aspecto que fue
corregido en la segunda ley de moratoria que sacó Cristina. Pero
cuidado: el 90% de los jubilados por la moratoria previsional fueron
personas de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.
El 82% móvil, la ley que vetó Cristina
En octubre de 2010 la oposición –con mayoría en el Congreso– sancionó
una ley estableciendo el 82% móvil para todos los jubilados. Cristina
la vetó de inmediato, expresando: “He vetado esta ley de quiebras que
ayer sancionó el Parlamento. (…) Lo que se sancionó es la ley de quiebra
del país. No puedo permitir que el Estado quiebre porque tengo una ley
que me obliga”, afirmó.
Voy a intentar explicar de manera simple cómo se financian las
jubilaciones y por qué la presidenta habló de “ley de quiebras del
Estado”. El nuestro es un sistema de solidaridad intergeneracional. Es
decir, los aportes y contribuciones de los trabajadores activos pagan
los haberes de los jubilados actuales. En el sector privado, el
trabajador aporta el 11% y el empleador el 12%. En el Estado es más o
menos lo mismo, y en algunos regímenes especiales el aporte sube al 12% o
13%.
Entonces hay que hacer la cuenta de cuántos trabajadores activos se
requieren para sostener un pasivo que cobre el 82%. Supongamos un
bancario que hoy gana 100 mil pesos por mes. Su aporte es de 11.000 por
mes, y las contribuciones patronales 12.000: suman 23.000 pesos. Al
jubilarse con el 82% cobraría un haber de 82.000 pesos. Entonces
deberíamos tener al menos cuatro activos con el mismo sueldo para
sostenerlo. Pero la realidad es que el trabajador en edad de jubilarse
suele tener mayor salario que los que ingresan. Por lo tanto, el número
de aportantes deberá ser mayor.
Se considera un numero óptimo tener seis trabajadores activos por
cada jubilado. ¿Cuántos tenemos hoy? Aproximadamente 1,7 activos por
cada jubilado. Hay 6,9 millones de jubilados y 11,7 millones de
aportantes. Obviamente, los recursos propios del sistema no alcanzan.
Cómo se financia entonces el sistema previsional
Existe entre un 30% y un 35% de trabajadores informales que no
aportan. Pero si lográsemos erradicar el 100% del trabajo en negro,
apenas podríamos llegar a una relación de dos activos por cada jubilado.
En Anses, salvo algunos regímenes especiales –como docentes e
investigadores que tienen el 82% móvil–, el resto del sistema cobra
entre el 65% y el 70%. Es decir, el señor del ejemplo va a percibir unos
65.000 pesos mensuales. Pero a todas luces los recursos propios tampoco
alcanzan para eso.
Los aportes y contribuciones representan aproximadamente el 50% de
los recursos. El otro 50% ingresa de porcentajes distintos de distintos
impuestos: IVA, combustibles, cigarrillos, monotributo y débitos
bancarios. Cuando alguien hace una compra de alimentos, cigarrillos o
carga nafta, también está haciendo aportes al sistema previsional.
Este es el meollo del déficit previsional, no solo en nuestro país,
sino en el resto del mundo: la baja relación entre activos y pasivos,
sumada al aumento de la expectativa de vida de los jubilados, hacen que
haya que sumar otro tipo de recursos impositivos del Estado.
En la Cuba socialista también pasa
Esta problemática no es solo de los países capitalistas. En 2008 el
gobierno cubano decidió aumentar la edad jubilatoria de 55 a 60 años
para las mujeres y de 60 a 65 años para los hombres. Esto decía el
presidente Raúl Castro en su discurso ante la Asamblea Nacional: “Los
cambios propuestos en la edad de jubilación se corresponden con la
realidad de un país donde la esperanza de vida es cada vez más alta y la
natalidad se mantiene. (…) Un indicador muy importante es lo que se
denomina esperanza de vida geriátrica –o sea, lo que se vive después de
los 60 años de edad– que actualmente es de 20,8 años para los hombres, y
para nuestras mujeres esa esperanza de vida geriátrica es de 23,4 años.
A esos años de jubilación hay que agregar los más de veinte que como
norma abarca la etapa de niño y estudiante. O sea, durante un período
superior a los 40 años, algo más de la mitad de la expectativa de vida
de un cubano, todos los gastos en que incurre los asumen quienes
trabajan, que son cada vez menos”.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, en 2017 el país
tenía 1.669.510 jubilados y 4.591.100 trabajadores activos, lo que da
una relación de 2,7 activos por cada jubilado. Con una tasa de
desocupación del 2,2%. El haber jubilatorio es de 10 CUC, equivalente a 9
euros, y los salarios de los activos de 20 a 30 CUC.
Primero los de abajo: la solución Néstor Kirchner
Históricamente, el 65% de los jubilados cobra el haber mínimo, hoy de 14.000 pesos.
En 2003, al asumir Néstor Kirchner, las jubilaciones mínimas eran de
150 pesos. Los aumentos se daban por decreto de acuerdo a la voluntad y
los recursos de cada gobierno. La situación de este sector de jubilados
era de extrema pobreza. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Lo mismo que va a
hacer Alberto Fernández ahora: utilizar los pocos recursos que
ingresaban para sacar del pozo a los que estaban más abajo. Entonces,
durante su mandato se elevaron 13 veces las jubilaciones mínimas, y solo
siete veces las de más arriba. Se acható la pirámide. No por vocación
de postergar a los de más arriba, sino por utilizar los recursos escasos
con un criterio de mayor justicia social.
Esto generó lo mismo de va a generar ahora: una catarata de juicios
de quienes se sintieron postergados. Ese fue el famoso “fallo Badaro” y
otros tantos que vinieron después. El Poder Judicial, guiado por una
sobreactuación demagógica que supuestamente lo exculpaba de tener los
mayores haberes jubilatorios propios, abrió la puerta a cientos de miles
de demandas contra Anses. Aquí se mezclaban los inapelables fundamentos
de los derechos adquiridos, con el gran negocio del juicio contra el
Estado bobo del que participaban abogados demandantes, abogados
defensores, funcionarios de Anses y funcionarios judiciales.
Ideas luminosas: cerrar el Congreso y el resto del Estado
Cada vez que se discute el tema jubilaciones aparece la “genial idea”
de que podemos resolver el problema bajando el sueldo de diputados y
senadores. Últimamente se puso de moda la frase: “que el ajuste lo pague
la política”. La antipolítica tiene muchos años de historia. El
discurso afirma que los políticos son todos vagos, corruptos e inútiles.
En el siglo pasado, la “solución” venía de la mano de los golpes
militares. Ahora, la “solución” viene del lado de los tecnócratas y los
ceos de las grandes empresas “que saben cómo manejar el Estado”.
La verdad: si la solución viniese por allí, más que bajar las dietas
directamente podríamos cerrar el Congreso y crear, por ejemplo, la CAL
(Comisión de Asesoramiento Legislativo) compuesta por nueve oficiales
superiores, tres por cada fuerza armada, como hizo Videla en 1976.
Ahora bien, veamos en los números qué resultaría de semejante idea,
además de convertirnos en la dictadura de Alberto Fernández: el
presupuesto de Anses es 3.123.194 millones de pesos, 61,9% del gasto
total. El presupuesto del Congreso Nacional es 26.871 millones de pesos,
el 0,5% del gasto total. Cerrando el Congreso y destinando todo ese
dinero al Anses podríamos subir el 0,86%, o sea, menos del 1% todas las
jubilaciones. El que hoy cobra $14.000 pasaría a cobrar $14.120, y el
que cobra $80.000 pasaría a cobrar $ 80.688. Sospecho que nadie se va a
sentir conforme con estos aumentos.
En materia de propuestas absurdas, podríamos seguir: eliminar las
Fuerzas Armadas, 1,9% del presupuesto nacional; las relaciones
exteriores, 0,8%; el Poder Ejecutivo (presidente, ministros, etcétera),
0,4%. Y así podríamos seguir eliminando el otro 38% del Presupuesto
Nacional y transferir todos esos recursos a jubilaciones. Aun así, nos
va a faltar un 20% más para cumplir con el aumento del 54% que indicaba
la derogada fórmula de indexación de haberes. Esto sería “la quiebra del
Estado” de la que habló Cristina en 2010.
Dos palabras sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Seguridad Social
Cuando derogamos el sistema de AFJP, en noviembre de 2008, todos los
fondos acumulados fueron transferidos a Anses. La ley de traspaso previó
la creación de un fondo anticíclico con estos recursos, que hoy suman
unos 40 mil millones de dólares que históricamente equivalen a un año
completo de haberes del sistema. Primer detalle a tener en cuenta: son
ahorros de capital que tienen por finalidad auxiliar al sistema ante
posibles faltantes de recursos. Pero dijimos arriba que el impacto de un
aumento del 54% en la masa de haberes representaría unos 27 mil
millones de dólares. Hipotéticamente, podríamos liquidar el FGS para
cubrir el aumento de 2020 y parte de 2021, pero a mediados de 2021
volveríamos a la situación actual.
Además, “liquidar” el FGS es una hipótesis demasiado abstracta: el
62% son títulos de deuda del Estado Nacional, el 10% acciones de
empresas y el 6% inversiones en proyectos productivos. Solo un 6% está
en depósitos a la vista y plazos fijos que podrían usarse con cierta
rapidez: estamos hablando de unos 2.400 millones de dólares, muy lejos
de los 27 mil que costaría el aumento que estimamos arriba.
La inteligente fórmula de movilidad de Amado Boudou
En 2008, con miras a poner fin a la catarata de demandas judiciales,
el Poder Ejecutivo envió al Congreso la fórmula de movilidad ideada por
el entonces director ejecutivo de Anses, Amado Boudou. La fórmula de
actualización semestral estaba compuesta por dos coeficientes. El
primero era el 50% del índice de aumento salarial semestral, y el
segundo era el 50% del índice de aumento de los recursos del sistema
previsional. Ejemplo: si en el semestre los salarios subían el 12%, el
coeficiente era 6%; y si la recaudación subía 18%, el coeficiente era
9%; el aumento del haber previsional era entonces de 6 más 9: 15%. En
una economía con recaudación en crecimiento, los aumentos de haberes
jubilatorios siempre fueron superiores a los aumentos salariales de los
activos. Además, al estar atado al porcentaje de aumento de la
recaudación, el sistema no corría riesgo de desfinanciarse.
De todos modos. conviene aclarar que esta fórmula tampoco resolvía el
problema de fondo que son los bajos haberes que cobran el 70% de
nuestros jubilados.
En definitiva, estas son fórmulas para distribuir los recursos, pero
creo que queda claro que el problema pasa por ver de dónde se obtienen
esos recursos.
La difícil encrucijada de Alberto Fernández
Luego del desastre que nos dejó Macri en estos cuatro años de
políticas liberales, el nuevo gobierno del Frente de Todos se planteó
una primera etapa de objetivos muy modestos, pero muy difíciles de
cumplir. El primero es ir en auxilio del 40% de pobres, que incluye a la
gran mayoría de los jubilados que cobran la mínima. Segundo, tratar de
patear para adelante los vencimientos de la deuda externa. Tercero,
intentar bajar de a poco la inflación del 54% que nos dejó “el mejor
equipo de los últimos 50 años”.
La primera medida es tratar de desindexar la economía, y por eso
derogó la fórmula de movilidad jubilatoria atada a la inflación. Como ya
dijimos, Alberto va a usar la “solución Néstor K”: según los recursos
que tenga, ir dando aumentos a los haberes más bajos, y luego a las
escalas superiores. Se modificarán los regímenes de privilegio del Poder
Judicial y el servicio exterior, que son irritativos, pero en números
tampoco son significativos. Y luego, en la medida en que la economía se
estabilice y crezca, se podrán pensar nuevas fuentes de recursos para el
sistema.
Como se puede ver en la magnitud y dureza de los números, la
“solución definitiva” no aparece. Hace unas semanas vimos arder París
por esta misma discusión. El sistema de AFJP, que subsiste en Chile, es
uno de los motivos principales del descontento en las calles. Y mostré
el ejemplo de Cuba, donde la oligarquía está expropiada y no hay
sojeros, pero el problema sigue siendo el de los recursos que alimentan
al sistema previsional.
Nuestro presidente no la tiene fácil. Pero como él dice: “vamos a
salir”. Lo primero es sacar del agua a quienes se están ahogando y, si
evitamos el regreso de las políticas neoliberales, podremos en pocos
años reconstruir una Argentina con mayor justicia social.
Aldo Duzdevich es autor de La Lealtad: Los montoneros que se quedaron con Perón y Salvados por Francisco.
