Por los últimos días de marzo hemos sido testigos de cómo algunos grupúsculos autodenominados
"de izquierda" nuevamente han dado muestras de su pequeñez ideológica y tal vez de algo más que eso. Tal el caso de los jóvenes y orgullosos militantes de un patético y risible
"Nuevo Mas" al proponer una
"Marcha contra el ajuste K" como consigna que buscó apropiarse políticamente de la ya tradicional movilización a Plaza de Mayo de cada 24 de Marzo por la irrestricta defensa de los derechos humanos y contra el genocidio impuesto por la dictadura cívico-militar en 1976. También vimos como los "jóvenes combatientes revolucionaros de aserrín del PTS o tal vez alguna recombinación parecida de letras, apalearon a otros jóvenes por pretender participar de aquella marcha. Es justo decir que también algunas agrupaciones juveniles oficialistas se plegaron gustosos a esta actividad matonil de pretender adueñarse de algo que a todas luces pertenece a todos.
Pero continuando con estos perennes grupos
eco-trosco-religiosos vernáculos, muchas veces abrazados para la foto con conspicuos representantes de la derecha agrogarca, los hemos escuchado poniendo el grito en el cielo por la modificación menor de un artículo en el codígo penal nacional que, acertadamente o no, fue votado por el parlamento nacional pero que para ellos significó lo que denominaron como
" avance fascista y criminalización de la protesta social." Vale decir que muchos bienintencionados progresistas un tanto desprevenidos fueron arrastrados en esa dirección por las
vanguardias esclarecidas que desde hace casi un siglo pretenden guiarnos hacia la revolución social.
Es en ese marco que vale la pena repensar de que se habla cuando se dice que "se cirminaliza la protesta social".
Con el fin de aportar alguna referencia contemporánea sobre legislación y voluntad represiva de los estados y sus detentores es que releemos el artículo de Luis Giménez San Miguel en
Público.es donde se analizan los anuncios del ministro del interior del gobierno de España hoy en manos del conservador Rajoy.
Dice el cronista:
"El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que los recortes sociales y la reforma laboral van a seguir provocando que las calles se consoliden como un foco de protesta. Lo han visto ya en las movilizaciones de los indignados del 15-M, los estudiantes de la 'Primavera Valenciana' y la huelga general del 29 de marzo. Ante esta escalada de la tensión social, el Ejecutivo ha decido reformar "en profundidad" el Código Penal la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana."
"El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado hoy en la sesión de control del Congreso este endurecimiento alegando que es necesario luchar contra lo que denomina una "espiral de violencia" practicada por lo que ha definido de "colectivos antisistema" que practican "técnicas de guerrilla urbana", según recoge Europa Press. Pero la legislación va más allá de los violentos y plantea una nueva batería de restricciones de derechos."
Las medidas anunciadas estos días por el gobierno de España que está aplicando uno de los mas salvajes planes de ajuste desde antes de la IIda Guerra Mundial, apuntan a mantener un mayor control del orden público con el endurecimiento de las sanciones.
De acuerdo con lo que expresa el NYT y que
levanta el ABC
"España podría ser la próxima economía de la zona euro en caer por culpa de la "mala gestión" de la crisis de deuda liderada por Alemania, según afirma 'The New York Times' en un editorial titulado 'Una sobredosis de dolor', en el que reclama un mayor apoyo al crecimiento y menos medidas de austeridad."
Todo indica que el actual estado de guerra interimperial que se desarrolla en territorios del norte con el consecuente e inevitablecosto social que deberán pagar los ciudadanos comunes de europa podrían generar problemas y turbulencias es por eso que estos señores del PP de rajoy y sus
"sponsors" han decidido ajustar las herramientas juridicas para reprimir la actual para la violencia callejera, equiparando las normas con la actual legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de "kale borroka" en el País Vasco (
en el País Vasco: lucha callejera provocada por los simpatizantes de la izquierda abertzale también caracterizada como terrorismo de baja intensidad)
De acuerdo con declaraciones del conservador Felip Puig, conceller de Interior de Catalunya,
monárquico declarado y
xenófobo militante, se trata de que
"la gente tenga más miedo al sistema"
El objetivo declarado de las reformas al código Penal español propuestas por la derecha en el gobierno es incluir como delito el de
"atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande" en clara referencia a las movilizaciones estudiantiles y el movimiento de los indignados. Con esta legislación pueden ser condenados por atentado todas las personas que acudan a las movilizaciones que suelen llevarse a cabo sin previa notificación a la Delegación de Gobierno.
La reforma prevé además que sea considerado
"delito de integración en organización criminal" difundir a través de Internet y las redes sociales las convocatorias
"violentas" y que
"alteren gravemente el orden público", que podrían ser todas aquéllas que no hayan sido notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar pese al aviso de la Policía.
Nuestro país a lo largo de su historia ha sufrido un largo y sangriento transito por el interior de la represión institucional de la protesta social avalada desde los artefactos jurídicos similares a los que hoy vemos en avance en Europa.
Son antecedentes válidos de ello la exigencia de la
"papeleta de conchabo" exigida a los criollos por los gobiernos de las Pcia de BsAs en los tiempos tumultuosos del fusilamiento de Dorrego y la
"Ley de Residencia" promulgada en los primeros años del Siglo XX, pasando por el plan Conintes aplicado por los gobiernos radicales de Frondizi -Illia.
Una clara y horrorosa consecuencia reciente de ello fueron los asesinatos de los movilizados durante las protestas en 2001 y 2002 y que quedan simbolizados en los nombres de los màrtires de la estaciòn Avellaneda. Màrtires que segùn los medios hegemònicos fueron asesinados por un actor anònimo e impersonal denominado "La Crisis".
La
"criminalización de la protesta social" no es un concepto abstracto, no es una categorìa natural que naciò junto con el universo sino algo que tiene una determinada historia.
Una cosa es la precisa y manifiesta voluntad polìtica represiva por parte de grupos hegemònicos en ejercicio de un "legìtimo" ejercicio del "monopolio de la violencia" del Estado (Max Weber) dentro de una sociedad determinada tal como ocurriò en nuestra sociedad por ejemplo con el Plan Conintes del gobierno de la UCR(I) en la post Libertadora o el Estatuto del Proceso de Reorganizaciòn Nacional de la Dictadura Cìvico Militar de 1976 y tal como està ocurriendo hoy en Europa mas especìficamente en España con este plan de modificaciòn de la legislaciòn represica de la protesta social que se promulgarà para validar lo que ya se està aplicando de facto en ese sentido.
Otra cosa bastante diferente es una modificaciòn menor (aunque por cierto que discutible e innecesaria) de una conceptualizacion especìfica en la descripciòn de un tipo particular de acciòn dolosa dentro del un artìculo del Còdigo Penal por parte de un Ejecutivo que ha dado largas y acabadas muestras de su voluntad de respeto hacia las formas de protesta social habiendo pagado ingentes costos materiales y polìticos solo por mantenerse apegado a los principios enunciados de priorizar dìalogo y nunca reprimir con armas.
De modo que aquellos agentes sociales que se especializan de manera persistente en difundir y sostener consignas que intencionadamente igualan categorìas bien diferenciadas tales como
"Cristina=Macri" o
"24 de Marzo a la Plaza contra el ajuste K" o mejor aùn
"Como la dictadura, los K proscriben a la izquierda" con el ùnico objeto de intentar confundir para obtener algùn rèdito polìtico es por lo menos infame.
Esta infamia, practicada por los tradicionales infames representantes de la oligarquìa y sus aliados externos a nuestra sociedad es una conducta esperable a la que ya estamos acostumbrados, pero tal actitud persitentementemanifestada por quienes se dicen representantes del campo popular y progresistas ya no es solo infamia sino una traiciòn històrica.
Nadie les pide a estos chicos que sean oficialistas si no quieren pero sí que dejen de decir boludeces.
Hasta la pròxima.
