Tratar de mantener bajo control una banda constituída por unos 50.000 efectivos armados no es nada sencillo.
Nunca lo ha sido.
Por ejemplo,
un albañil solo y su alma no podría.
Es mas, no pudo bajo la dictadura y no pudo en democracia.
Es mas el albañil ha desparecido.
Es mas, hace cinco años que desapareció y aún se desconoce su paradero y los responsables del hecho.
Democracia. Estado, Seguridad y Policía
La policía de la Pcia de Buenos Aires, "La Bonarerense", "la maldita policía" es eso, una
banda armada, un rejuntado de muchos hombres con muy diversas historias personales pero con importante logística y capacidad de fuego disponible.
Una banda desorganizada pero que actúa bajo una suerte de coherencia ideológica que se manifiesta en el fuerte espíritu de cuerpo que los aglutina. Una cultura propia. Una identidad. Es un cuerpo a esta altura muy independiente, especialmente díscolo ante todo intento de control externo y que pretende ejercer su autogobierno (y lo hace) desconociendo cualquier mando superior al mejor estilo de las hordas bárbaras del norte de China del Siglo XI que solo controladas y conducidas por el liderazgo de
Gengis Kan se unieron para crear un imperio.
Esta suerte de
"tumor maligno pero inevitable" que son las fuerzas de seguridad organizadas por un Estado Moderno policial y controlante no es algo original de nuestra pampa húmeda, no, no, ni eso nos queda a los argentinos. Es un fenómeno planetario pero que toma una particular forma en nuestra provincia.
No es la idea de recorrer aquí toda su historia desde aquellos grupos de matones al servicio de algunos poderosos señores blancos que asesinaban y/o disciplinaban indios cobrizos, esclavos negros y gauchos matreros alla por el siglo XVIII, hasta los mucho mas efectivos cuerpos de tareas organizados por los
campses, etchecolatzes, werniches, smartes y demás cómplices genocidas en el último tramo del siglo pasado y así llegando hasta nuestros días.
Solo nos interesa dejar en claro que como
"colectivo violento" a lo largo de mas de doscientos años, han perfeccionado y consolidado su organización cobrando vida propia bajo una metodología extorsiva sobre los gobiernos y sobre la sociedad que aterrada absurdamente exige ser controlada. Se ha constituido entonces en un estado represivo y controlante dentro del Estado, ganando enormes cuotas de independencia y autonomía en el proceso. Particularmente después del "Proceso" es decir en democracia.
En el ámbito Federal, el Gobierno Nacional, luego de encarar una suerte de
"reforma cultural" de las FFAA que se caracterizó básicamente en la expulsión de los indeseables, la "reeducación" de los reeducables pero sobre todo por la drástica reducción de su prespuesto, y consecuentemente su poder de fuego, ha encarado, desde el asesinato de Mariano Ferreyra el problema de la PFA que si bien es similar al de la PBA tiene característica propias. Y allí está operando con guantes de cirugía y barbijo, una veterana militante de la resistencia. El desafío es grande y los resultados definitivos, si los hubiere, están por verse aún.
Por otra parte el ejecutivo de la provincia mas populosa del país ha intentado establecer una suerte de "entente" con la corporación. El nombramiento de un miembro de la corporación para el ejercicio
del Ministerio de Justicia Bonaerense en la persona de Ricardo Casal, ex penitenciario, es la consecuencia objetiva de dicha negociación.
Negociación de cuyos términos sólo los actores
podrán dar cuenta ( y por cierto por ahora se cuidan muy mucho de hacerlos
públicos)
Guste o no, Casal es el hecho duro que
visibiliza la representación lograda por la corporación al interior de un gobierno democrático
a nivel de secretaría de estado. (Cargo político no elegible por medio del voto
popular). El logro de esa la representación es objetivamente la
cabal demostración del peso propio cobrado por la corporación y
específicamente producto de la extorsión que significa la amenaza implícita
y explicita del caos social que sobrevendría sin la presencia activa de
las agencias de control social en todos los niveles.
Por supuesto que Casal no es "toda la corporación de seguridad" ya que la misma no consiste en un cuerpo homogéneo y rígido de organización vertical como muchas veces aparece descripta en las definiciónes mediáticas. Es en cambio un organismo estamentario pero aún así bastante horizontal. Es gorda, petiza y cabezona, (alusiones a tachuela aparte) Tiene un corpachón mórbido, desagregado, multifacético, oscuro y viscoso, pero como dijimos, se sostiene entera y unida por su con plena y total autoconsciencia.
En el plano del campo de operaciones de la corporación, Casal, definitivamente representa solo algunas de las líneas internas, tal vez una de las menos influyentes, pero en el campo político por afuera de la corporación Casal "es" la corporación en el gabinete provincial y eso queda demostrado por su duración en el cargo siendo como lo es un ex SPB aunque por supuesto sufra diariamente los ataques, presiones y boicots de sus enemigos internos y los correspondientes aliados externos.
Casal es entonces una de las bisagras existentes (una visible) entre la conducción política del ejecutivo provincial y las agencias de seguridad del estado provincial. Pero ¿quien es Casal? Bueno no es que importe mucho su historia personal, lo que importa son los hechos y los símbolos que lo hacen representante de un actor social.
Analicemos entonces
este símbolo.
El 26 de abril de este año, mediante la Resolución 1543, que lleva su firma, el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el ex penitenciario Ricardo Casal, dispuso que la vieja Escuela de Investigaciones de la Policía bonaerense –situada sobre el camino Centenario, en Berazategui– pasara a llamarse “Escuela de Policía Juan Vucetich, sede Comisario General Jorge Vicente Schoo”.
A principios de 1974, luego de que Oscar Bidegain fuera desplazado y reemplazado en la gobernación de la provincia por el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, el entonces inspector general Schoo fue nombrado director de Institutos de la fuerza.
Al mismo tiempo, la banda de la CNU (...) dejó de funcionar como una organización armada de ultraderecha sin vínculos con el Estado para transformarse en un grupo de tareas parapolicial que realizaba sus acciones y asesinaba a sus víctimas en zonas liberadas por la Bonaerense.
En 1997, la fuerza editó (...) un Manual de Conducción Policial, que siguió utilizándose por lo menos hasta 2001. La redacción fue encargada a dos policías retirados, el comisario general Jorge Vicente Schoo y el inspector Hugo Ignacio Silva. El prólogo quedó en manos de un activo participante del terrorismo de Estado: el comisario general Rodolfo Alejandro González Conti, titular de la Dirección General de Seguridad de la Bonaerense hasta 1979, donde fue colaborador directo de Ramón Camps.
(...) “Toda autoridad proviene de Dios –escribe Schoo–. Si no proviene de Dios, ¿de dónde podría provenir? (…) El orden sólo puede subsistir en orden. Y el orden roza lo sagrado (…) Después de la Revolución Francesa surgen los regímenes democráticos con una gran carga de resentimiento. La forma monárquica de gobierno es la que ha perdurado más tiempo, históricamente hablando. La autoridad era ejercida por la nobleza, apoyada en la religión (…) Su autoridad era respetada”
"Un hecho ocurrido en 1966, cuando era jefe de la Regional La Plata de la
Bonaerense, lo pinta de cuerpo entero. El día del santo nacional de
Perú, San Martín de Porras, un grupo de estudiantes peruanos había
convocado a un acto religioso seguido de una protesta política en la
Iglesia San Ponciano. A la salida de la misa, un operativo policial
dirigido en persona por Schoo terminó con la detención de algunos de los
asistentes. Mientras los uniformados metían a los estudiantes en los
celulares, un cronista del diario El Día le preguntó al jefe de la
Regional cómo había reconocido a los revoltosos entre tanta gente que
salía de la Iglesia. La respuesta de Schoo fue contundente: “Por sus
características antropológicas”. Los detenidos fueron deportados a su
país de origen por la dictadura de Onganía.
extraído de
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
Según Balandier, el poder tiene dos instancias, una privada y otra pública. De la instancia privada solo son testigos los actores participantes de los actos donde las grandes masas, el público en general, resulta ajeno. Es de la escenificación pública del poder donde todos podemos ser testigos. No siempre se correlacionan linealmente ambas instancias y eso es lo que hace difícil la interpretación correcta de los echos si hubiera alguna correcta, pero los observadores meticulosos y pacientes a la larga siempre pueden extraer indicios de la escenificación del poder. En ella se puede encontrar la carga simbólica del acto y a su través interpretar el sentido y la dirección del camino a recorrer que tal poder nos propone.
Si perjuicio de lo incierto y precario del método pero a falta de otro mas preciso comparemos escenas del poder ocurridas mas o menos simultáneamente.
El Ministro de Justicia y Seguridad Dr. Ricardo Casal impone el nombre del nazi Schoo a una institución de formación de la la Bonaerense.
La Ministra de Seguridad de la Nación, Dra.Nilda Garré cambia el nombre del instituto de cadetes de la PFA de Ramón Falcón, quien fuera jefe de la policía asesinadora de obreros en la semana trágica por de Juan Angel Pirker primer jefe de la PFA post dictadura.
Ambos ministros hablan a través de sus actos de gobierno, dialogan entre sí y con terceros.
Ahora bien tratemos de respondernos:
¿Que están diciendo cada uno de ellos con sus actos?
¿A qué terceros le están hablando?
y
¿Porqué dicen lo que dicen ahora y no antes o después?
Hasta la próxima
PD:
Aclaración necesaria: Yo voté y votaré Cristina - Scioli - García
A continuación transcribimos en su totalidad el comunicado de prensa emitido por la Conferencia Episcopal Argentina en relación con las recientes sentencias dictadas en el marco de la casua ESMA que condenan a diversas penas mayores a los acusados de la comisión de crímenes de lesa humanidad, los delincuentes Astiz, Acosta, Cavallo, Jorge Radice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Oscar Montes, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber, Manuel García Tallada, Juan Carlos Fotea,Carlos Capdevilla y Juan Antonio Azic. Esta declaración del episcopado cobra particular relevancia ya que entre los crímenes probados a los convictos se encuentra el del secuestro, tortura y asesinato de miembros activos de la iglesia católica.
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